Licencias falsas: que se investigue y hagan público los resultados

20 de octubre 2021 9:00 por:

El consenso entre los ciudadanos consultados es que esto de las licencias ilegales no es otra cosa que un capítulo más de un mal sistémico en el país, donde actores privados y públicos se coluden para lucrar del Estado o de los ciudadanos. El tópico en mención es el caso de los hospitales en la pandemia, el manejo de fondos de servidores públicos, lo que pasaba en el ex Banco de Fomento o ingresos a la Policía Nacional y mucho más.

La emisión de licencias falsas es un delito sancionado por el COIP. El Dr. Enrique Hidalgo, hace mención a los artículos 327 y 328, correspondientes a los Delitos contra la fe pública, con penas privativas de la libertad de hasta tres años en unos casos y, de tres a cinco años, en otros. El abogado se refiere a la Falsificación de firmas y, a casos de Falsificación y uso de documento falso. Un conductor puede ser detenido por presentar una licencia falsa, advierte.    

El secretario general del Sindicato de Choferes Profesionales de El Oro, Jorge Granda Feijóo, es contundente en su pedido de que los resultados de la investigación y los culpables se difundan para que sea conocido por todos, “porque cada vez que ocurren casos de corrupción en el país todo se queda tapado y no pasa nada”, manifiesta. Cita el caso de la denuncia de los transportistas en contra del personal de la Agencia de la CTE de Zaruma, donde, no a mucho tiempo, se detectó la entrega de “licencias falsas, pero nunca se dio a conocer a los responsables, la oficina se cerró, pero no fuimos informados de resultado alguno”, afirma.

La investigación y sanción debe empezar al interior de la ANT, porque ahí iniciaría todo el embrollo, es el criterio de Juan Carlos Quezada dirigente de una empresa de transporte pesado de la frontera que tiene ya dos conductores afectados por la estafa de las licencias. El empresario, informa que Manuel y José, pagaron hace tres años, 900 y 1000 dólares, respectivamente, a un contacto en redes sociales ubicado en Quevedo. Ahora, los perjudicados no pueden trabajar en la compañía ni en ninguna parte. 

En Huaquillas, César Kun Gallegos, secretario general del Sindicato cantonal de choferes, deslinda responsabilidades de las Escuelas de Conducción de los sindicatos. Más bien apunta a exfuncionarios de la ANT que por varias razones salieron o los sacaron, estos se fueron llevando claves y más información del sistema para cometer toda clase de ilícitos y, “no es la primera vez que ocurre eso”, enfatiza.

Kun, indica que fuera de las oficinas de ANT en todo el país, en la actualidad operan redes de tramitadores en contacto con cibers de los alrededores, desde donde se hace de todo. “Esta gente sabe cómo opera el sistema, pero también sabe de las necesidades, la cultura facilista de muchas personas que equivocadamente buscan una licencia a bajo precio y en poco tiempo, pagan y terminan perjudicados”.

El dirigente sindical recuerda que hace dos años ya se detectó 17 mil licencias falsas, pero no pasó nada, no se informó adecuadamente. Ahora es el doble y corresponde al gobierno encontrar la punta del carrete y perseguir ese delito recurrente que perjudica la imagen del transportista ecuatoriano, concluye.  

Ángel Preciado, auditor de empresas de transporte de la ciudad de Guayaquil, propone sanciones ejemplares y transparencia en las investigaciones, para que no vuelva a ocurrir. Es partidario de la incautación de bienes, imposiciones económicas fuertes y más controles a funcionarios y particulares.

Rodrigo Nugra, ingeniero comercial y auditor de cooperativas de transporte de El Oro, considera que hay que confiar en la gestión de las nuevas autoridades para que crean conciencia en la ciudadanía, sancionen a los culpables y no tapen los resultados, para que no vuelva a repetirse.   

Para el exdirigente de la Coordinadora Regional 7 de transporte pesado, Olger Encarnación “todo el negociado de las licencias viene desde el tronco, desde arriba”, dice que el negocio mueve millones y eso no lo hace un simple empleado público. La participación es igual, mafias privadas que operan con mafias públicas, denuncia.